La Iglesia echó al cura que organizó la visita de diputados libertarios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza
Javier Olivera Ravasi fue uno de los que armó la reunión de legisladores de Milei con Astiz y otros genocidas del 11 de julio pasado.
El sacerdote Javier Olivera Ravasi, el cura que organizó la polémica visita de un grupo de seis diputados libertarios a represores condenados por delitos de lesa humanidad presos en la cárcel de Ezeiza, el pasado 11 de julio, fue echado por el obispado de Zárate-Campana, que no le renovó el permiso para desarrollar actividades pastorales en esa jurisdicción.
- Fue luego de recibir “numerosas quejas fundados por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano”.
- Olivera Ravasi es hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura.
El cura es un influencer de derecha, que milita por la libertad de los genocidas y que en X tiene en su biografía la frase “apologética histórica y contrarrevolución cultural y espiritual”.
Y fue uno de los que orquestó el viaje de los diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza para ver genocidas, en conjunto con el legislador entrerriano Beltrán Benedit y un grupo de abogados -algunos hijos de condenados por delitos de lesa humanidad- que abogan por la libertad de los represores con prisión perpetua.
Ravasi es un sacerdote que está incardinado en la diócesis de San Rafael, en Mendoza. Pertenece a la conservadora congregación del Verbo Encarnado, pero se fue de esa provincia hace años para fundar la Fundación San Elías, donde se realizaron varias reuniones previas para armar la visita a genocidas y además trabajar en dos proyectos para sacar de prisión a los condenados por delitos de lesa humanidad. Fuentes de la Iglesia lo catalogan como un “outsider”, es decir alguien bastante por fuera de toda la institución.
Según explicó el obispado de Zárate-Campana, Ravasi había aludido razones familiares para residir en esa diócesis por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año. “Posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, explicaron.
